Organizaciones ambientales y comunitarios de Manzanillo presentaron una segunda querella para exigir la paralización inmediata de dos plantas de generación eléctrica de 430 megavatios cada una, y reclaman US$200 millones en indemnización por los daños que atribuyen a las obras en el Parque Nacional Manglares Estero Balsa.
Montecristi. — La querella, con constitución en actor civil, fue depositada el viernes 16 de octubre ante la Procuraduría Regional de Medio Ambiente de Montecristi, según informaron este domingo el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma), la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) y representantes de la comunidad de Manzanillo.
Los accionantes piden que el Ministerio Público apodere de urgencia al juez de la Instrucción de Montecristi y gestione una medida cautelar extraordinaria para detener los trabajos mientras se conocen las denuncias.
Además de la paralización, solicitan que el consorcio Manzanillo Gas & Power, S. A. —integrado por Haina Investments Company, ENERLA Energía de Las Américas y Shell Gas and Power Development— sea condenado a pagar US$200 millones, o su equivalente en pesos, por los daños que atribuyen al parque nacional, a las comunidades cercanas y a la biodiversidad. También piden penas de diez años de prisión para dos ejecutivos del consorcio.
Entre sus señalamientos, las organizaciones afirman que entre octubre y noviembre de 2022 el consorcio destruyó unos 575,000 metros cuadrados de vegetación en la zona de amortiguamiento del área protegida, y cuestionan obras como una terminal marítima y un gasoducto frente a los manglares.
Esta es la segunda acción judicial de las organizaciones por el proyecto, que operará con gas natural licuado y supera los US$1,750 millones de inversión. La primera fue depositada el 7 de octubre ante la Procuraduría General de la República y pide procesar al ministro de Medio Ambiente, Armando Paíno Henríquez.
Los señalamientos forman parte de los planteamientos de las organizaciones querellantes y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Fuente: Noticias SIN / El Nuevo Diario / En Segundos / Proceso / Diario Digital RD, 18 de octubre de 2026.