Detrás de cada cifra del informe del Departamento de Estado de EE.UU. sobre la trata de personas hay un rostro. En 2025, el Gobierno dominicano identificó a 139 víctimas de este delito: apenas tres más que el año anterior. De las víctimas extranjeras, 106 eran colombianas: mujeres y jóvenes atrapadas por redes que cruzan fronteras.
El informe reconoce que todas fueron remitidas a servicios gubernamentales o financiados por el Estado. Es un avance en la atención, pero la reparación sigue siendo una deuda: los tribunales ordenaron a siete traficantes pagar RD$21.77 millones en restitución a cuatro víctimas, y las apelaciones pendientes impiden ejecutar esos pagos.
Aquí es donde la sociedad civil, las ONGs y las iglesias tienen un papel irremplazable: acompañar a las víctimas más allá del expediente, sostenerlas mientras la justicia tarda y levantar la voz cuando el sistema se queda corto. La reforma de la Ley 137-03, que eliminó la prescripción del delito y responsabiliza a los funcionarios omisos, fue también fruto de esa presión ciudadana.
La Palabra nos manda a "abrir tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos" (Proverbios 31:8, RV1960). Cada víctima de trata identificada es una vida que la sociedad dominicana está llamada a restaurar. Que el informe de Washington no se quede en un renglón diplomático: que se traduzca en reparación real para cada una de esas 139 personas.
Fuente: informe del Departamento de Estado de EE.UU., vía Dominicana al Día (13-oct-2026).